Durante su paso por la Procuraduría como delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos se convirtió en una de las figuras más polémicas de la administración de Alejandro Ordóñez debido a sus posiciones abiertamente conservadoras y a la defensa de una visión marcada por sus convicciones religiosas, especialmente en debates relacionados con el aborto y los derechos sexuales y reproductivos.
Más de una década después de aquella etapa, Hoyos regresa a la primera línea del poder de la mano del presidente Abelardo De la Espriella, en reemplazo de Viviane Morales. Su llegada al Ministerio de Educación plantea una pregunta sobre la posibilidad de que mantenga en el Gobierno las posturas conservadoras y religiosas que caracterizaron su trayectoria en la Procuraduría.
Su paso por el Ministerio Público estuvo acompañado de varios enfrentamientos con decisiones de la Corte Constitucional y con organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Como procuradora delegada, cuestionó decisiones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, promovió acciones contra quienes consideraba responsables de impulsar estas prácticas y llegó a denunciar a magistrados de la Corte Constitucional por una decisión relacionada con una tutela sobre el aborto.
Uno de los episodios más recordados ocurrió alrededor de la Clínica de la Mujer en Medellín. Durante la administración del entonces alcalde Alonso Salazar, Hoyos cuestionó el funcionamiento del centro al considerar que podía incentivar la práctica del aborto, pese a que la interrupción del embarazo estaba despenalizada en Colombia bajo las tres causales establecidas por la Corte Constitucional. También emprendió acciones contra la activista Mónica Roa y contra magistrados del alto tribunal por actuaciones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos.
La nueva integrante del gabinete de Abelardo De la Espriella es jurista y cuenta con experiencia en derecho constitucional, academia y sector público. Sin embargo, durante su paso por la Procuraduría también estuvo en el centro de diversas controversias por sus posiciones frente al aborto, los derechos sexuales y reproductivos y la objeción de conciencia.
Hoyos Castañeda es abogada de la Universidad del Rosario y posteriormente obtuvo un doctorado en Derecho de la Universidad de Navarra, en España. También realizó estudios en derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en Costa Rica.
Su trayectoria profesional ha estado estrechamente vinculada con el ámbito académico. En la Universidad de La Sabana se desempeñó como profesora titular e investigadora y ocupó cargos directivos como decana de la Facultad de Derecho y directora del Instituto de Humanidades. Además, estuvo al frente de publicaciones especializadas como Pensamiento y Cultura y Díkaion.
Un paso por el sector público y la magistratura: la controvertida doctora Ilva Myriam
Fue en el sector público donde Hoyos Castañeda consolidó el perfil que nuevamente la ubica en el centro de la atención. Antes de llegar a la Procuraduría, estuvo al frente de la Oficina Jurídica de la antigua Inravisión y trabajó como asistente de la Viceprocuraduría General de la Nación.
Su nombre cobró especial relevancia durante la administración de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría General de la Nación. Allí ejerció como procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, cargo desde el cual asumió posiciones firmes en asuntos relacionados con la familia, el aborto y los derechos sexuales y reproductivos.
En ese periodo, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y diferentes sectores políticos y jurídicos cuestionaron sus actuaciones y señalaron que sus convicciones religiosas podían estar influyendo en el ejercicio de sus funciones públicas. Sus críticos llegaron a acusarla de anteponer esas creencias a decisiones y jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Su confrontación con sectores que defendían los derechos sexuales y reproductivos también llegó a los tribunales. Hoyos emprendió acciones penales contra la abogada Mónica Roa, después de que ella y otras 1.201 mujeres promovieran una tutela en la que cuestionaban la información proporcionada por funcionarios de la Procuraduría sobre estos derechos.
Otro episodio que marcó su paso por el Ministerio Público involucró a los magistrados de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas. Hoyos los denunció penalmente a raíz de una decisión relacionada con una mujer que había solicitado la interrupción de su embarazo bajo una de las causales permitidas por la legislación colombiana.
El caso generó una nueva controversia durante el trámite judicial. La mujer finalmente interrumpió su embarazo y la Corte consideró necesario adoptar medidas frente a las barreras que había enfrentado para acceder al procedimiento. Entre ellas estuvo la orden de investigar la actuación de las EPS involucradas y solicitar a la Procuraduría una labor pedagógica sobre las circunstancias en las que el aborto estaba permitido en Colombia.
Hoyos tomó una posición distinta frente a estas determinaciones. En lugar de limitarse a acatar la orientación, presentó una denuncia penal contra los magistrados Sierra Porto y Vargas, cuestionando que no hubieran informado a las autoridades sobre la interrupción del embarazo realizada por la mujer.
Estas actuaciones consolidaron la imagen de Hoyos Castañeda como una de las figuras más identificadas con el sector conservador de la Procuraduría durante la administración de Alejandro Ordóñez. Su trayectoria también estuvo acompañada de varios intentos por llegar a la Corte Constitucional, una aspiración que finalmente no se concretó.
Ahora, más de una década después de aquellos episodios, Hoyos regresa al Gobierno desde un ministerio con una amplia capacidad de incidencia en la formación de niños y adolescentes. El Ministerio de Educación tiene bajo su responsabilidad asuntos como los contenidos escolares, la educación sexual, las políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia y buena parte de los debates relacionados con la formación en derechos.
Escrito por: Diego Coronado
