A 22 días de haber sido presentada, la Ley de Rescate enfrenta uno de sus principales desafíos en el Congreso: definir el alcance de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno. Con el inicio de las discusiones en las comisiones económicas conjuntas, el proyecto ya registra al menos tres modificaciones frente a su versión inicial.
Durante la apertura del debate, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció que el Ejecutivo descartó aumentar el IVA de los productos de la canasta familiar, los insumos agropecuarios y los planes de medicina prepagada. Además, confirmó que la tarifa del impuesto de renta para las empresas continuará en 35 %.
Con esta decisión, los insumos agrícolas y los servicios de medicina prepagada conservarán una tarifa de IVA del 5 %, en lugar del 19 % que se había planteado inicialmente. Por su parte, los alimentos de la canasta familiar seguirán excluidos de este impuesto.
“Desde el primer momento le indiqué al equipo económico que no se tocara el IVA de la canasta básica. Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, había manifestado el presidente De la Espriella durante su última alocución, en la que presentó un balance de sus primeros 100 días de mandato.
Otro de los cambios corresponde al impuesto de renta corporativo. Inicialmente, el Gobierno había propuesto reducir gradualmente la tarifa actual del 35 %: primero al 33 % durante el próximo año y posteriormente al 31 % en 2028. Sin embargo, decidió retirar esa modificación y mantener el porcentaje vigente, con el propósito de preservar los ingresos tributarios necesarios para financiar el Estado.
De mantenerse esta tarifa, Colombia continuaría entre los países de América Latina con mayor carga tributaria para las empresas. El 35 % es el porcentaje más alto de la región y, según el planteamiento presentado, solo Argentina comparte ese nivel.
En contraste, Paraguay, Bolivia y Panamá cuentan con tarifas corporativas del 10 %, 25 % y 25 %, respectivamente.
La decisión de mantener el impuesto también plantea interrogantes sobre el recaudo y las fuentes alternativas que permitirían compensar los recursos que el Estado dejaría de recibir si se descartan otras modificaciones tributarias. Entre las opciones contempladas por el Gobierno figuran nuevos gravámenes y ajustes a los beneficios fiscales existentes.
Una de las propuestas consiste en aplicar IVA a los arrendamientos de inmuebles destinados al turismo y establecer una sobretasa al impuesto de renta para las personas naturales con mayores ingresos.
El proyecto también contempla eliminar la exclusión tributaria para los envíos postales internacionales conocida como de minimis, con el argumento de generar condiciones más equilibradas para los productores nacionales.
En materia de renta para personas naturales, se plantea reducir las exenciones y ampliar la base de contribuyentes, lo que permitiría incorporar a más personas al pago de este impuesto. Asimismo, se propone aumentar las tarifas del impuesto al carbono.
Por otra parte, el Gobierno descartó incluir un gravamen a los plásticos de un solo uso. También anunció modificaciones al impuesto al patrimonio y la eliminación del piso de uso de beneficios tributarios para las empresas.

Al explicar el contexto económico en el que se presenta la Ley de Rescate, el ministro Miguel Gómez señaló que el país ha registrado un crecimiento limitado y una inflación persistente.
“El crecimiento de nuestra economía ha sido en los últimos años bajo, alrededor de 1,6% en crecimiento anual, durante los últimos cuatro años. Hemos tenido una elevada y persistente inflación que este año probablemente cerrará cerca de 7%”, afirmó.
Las alternativas para financiar la Ley de Rescate
Frente a los cambios planteados, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, señaló que el Gobierno debería priorizar medidas de austeridad, venta de activos estatales, reducción del gasto y acciones contra la evasión y el contrabando.
“La respuesta es muy sencilla: si yo disminuyo el gasto y pago deuda, de esos tres puntos que menciona el presidente, uno ya no se va a intereses, sino a inversión. La ley no va a perder su meta, pero sí va a cambiar quién la paga”, explicó.
Junco también advirtió sobre la posibilidad de trasladar nuevas cargas tributarias a sectores de la población que dependen de determinados bienes para desarrollar sus actividades laborales. En ese sentido, cuestionó que la exclusión del IVA para los productos de la canasta familiar pueda compensarse con impuestos adicionales a otros artículos.
Como ejemplo, mencionó las motocicletas de menos de 200 centímetros cúbicos, que suelen utilizar trabajadores como meseros y domiciliarios para movilizarse y cumplir con sus labores.
“El camino debe ser una contrapropuesta, como la que se está trabajando con el Centro Democrático, que plantee líneas de intervención donde haya más austeridad, más análisis y menos golpe a la clase media”, concluyó el exdirector de la Dian.
Escrito por: Diego Coronado







































