Tras conocerse la decisión judicial que revocó la prisión domiciliaria de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y ordenó su ingreso inmediato a un establecimiento carcelario, su abogado defensor comenzó a gestionar un cupo en la cárcel de Yarumito, en Itagüí. Este centro penitenciario es descrito en el ámbito carcelario como una especie de “colegio”, debido a sus condiciones de seguridad menos estrictas y las comodidades que ofrece.
El fallo de segunda instancia, emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, se conoció poco después del mediodía del viernes 30 de octubre. Hacia las siete de la noche, las autoridades ya habían hecho efectiva la captura de Quintero y ejecutado su traslado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá. El procedimiento se realizó en un vuelo chárter, durante el cual fue trasladado con uniforme de recluso y encadenado de pies y manos.
Semanas antes, Quintero había decidido cambiar su equipo de defensa. Por esa razón, durante la diligencia judicial estuvo representado por un abogado temporal, mientras define quién asumirá el resto del proceso penal que enfrenta por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
Al abogado provisional le correspondió adelantar las gestiones para que su representado no fuera recluido en un centro con condiciones de seguridad tan estrictas. Durante su intervención, después de que el juez leyera la sentencia, Felipe Alzate pidió que se tuvieran en cuenta las condiciones especiales de seguridad de Quintero, debido a su parentesco con el exmandatario de Medellín, una persona expuesta políticamente.
Sin embargo, el juez le aclaró que la decisión sobre el lugar de reclusión no estaba dentro de sus competencias, sino que correspondía al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La solicitud para que Miguel Quintero fuera enviado a Yarumito
Al parecer, tras esa respuesta, Alzate envió una comunicación al director de la regional Nordeste del Inpec, al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al secretario de Seguridad y Justicia del departamento, Luis Eduardo Martínez, general en retiro. La gestión ante el mandatario departamental obedecía a que la cárcel de Yarumito está bajo administración de la Gobernación.
En la carta, el abogado pidió que se adelantaran de manera urgente las gestiones administrativas y de coordinación institucional para que el Inpec dispusiera el traslado de su defendido a la cárcel departamental Yarumito de Varones y Anexo de Mujeres E.R.E. El documento reiteraba los argumentos que Alzate había expuesto previamente ante el juez.
Como alternativa, el defensor planteó que, si no era posible asignarle un cupo en ese establecimiento, Quintero fuera ubicado en una prisión que contara con un patio o pabellón especial para servidores públicos. No obstante, el texto señala que los delitos por los que es investigado no habrían sido cometidos mientras el procesado ocupaba un cargo en una entidad estatal.
La gestión no habría prosperado. En cuestión de horas, el Inpec definió y ejecutó el traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, un establecimiento de alta seguridad al que suelen ser enviados condenados por delitos graves y personas que se encuentran a la espera de posibles procesos de extradición.
El artículo también señala que en ese penal permanecen integrantes de la organización conocida como La Oficina. Entre ellos menciona a Sebastián Murillo, alias ‘Lindolfo’, quien fue trasladado allí en agosto. Además, plantea interrogantes sobre la posible cercanía de Quintero con un abogado relacionado con algunos de los jefes de esa estructura delincuencial.
Los contratos bajo investigación en el Área Metropolitana
La investigación que derivó en la medida de aseguramiento contra Miguel Quintero está relacionada con presuntas irregularidades en contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Los acuerdos fueron celebrados y ejecutados entre 2021 y 2023, y sumaron 17.656 millones de pesos.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Quintero y varios de sus presuntos aliados se habrían apropiado de 2.481 millones de pesos provenientes de esos contratos.
El hermano del exalcalde está imputado por los delitos de celebración indebida de contratos y peculado. Por su parte, Sebastián Ortega, hijo de un controvertido político de Bello, responde por peculado. En la misma etapa de imputaciones también fueron vinculados el exsubdirector administrativo del Área Metropolitana, Álvaro Villada, y la exasesora jurídica de la entidad, Vanesa Álvarez.
A estos procesados se suman otras once personas que ya habían sido imputadas previamente, entre funcionarios que hicieron parte de la administración durante el periodo 2020-2023 y particulares.
Escrito por: Diego Coronado
