El representante de las víctimas en el proceso por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) expuso este lunes los argumentos con los que busca que Sebastián Ortega permanezca privado de la libertad mientras avanza la investigación judicial. La solicitud se presentó ante el Juzgado 27 Penal de Medellín, que estudia las medidas de aseguramiento contra Ortega y Miguel Quintero.
Ortega fue imputado por el presunto delito de peculado por apropiación, mientras que Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fue imputado por ese mismo delito y por presunta celebración indebida de contratos. En el mismo proceso también fueron imputados el exsubdirector administrativo y financiero del AMVA, Álvaro Villada, y Vanesa Álvarez, quien se desempeñó como asesora jurídica de la entidad.
A diferencia de la representación de las víctimas, la Fiscalía solicitó inicialmente una medida de aseguramiento en centro carcelario únicamente para Miguel Quintero. El abogado Majer Nayi Abushihab pidió que la misma medida sea aplicada a Sebastián Ortega, argumentando que su libertad podría representar riesgos para el desarrollo de la investigación.
El abogado sostuvo que existirían elementos relacionados con presiones y acercamientos a testigos, así como una presunta campaña de desprestigio contra Misael Cadavid, uno de los principales testigos del proceso. Según lo expuesto durante la audiencia, estas actuaciones buscarían afectar la participación de quienes han entregado información a las autoridades.
“Lo que quieren es silenciar al señor Cadavid”, afirmó Abushihab durante su intervención, al referirse a los señalamientos y acciones que, según su exposición, estarían dirigidos contra el testigo. También mencionó a Laura Mejía, otra persona que colabora con la Fiscalía mediante un principio de oportunidad, y aseguró que habría sido objeto de señalamientos públicos.
El representante de las víctimas también habló de presuntos intentos de interferir en el proceso mediante accesos a información judicial. Según su exposición, se registraron 334 consultas en la plataforma de la Rama Judicial relacionadas con el expediente y, dentro de ellas, 293 descargas de documentos. La Fiscalía ya había presentado este hecho como uno de los elementos para sustentar su solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero.
Durante la diligencia también se expusieron testimonios y conversaciones que, según el abogado, demostrarían una relación entre Miguel Quintero, Sebastián Ortega y otros funcionarios vinculados al AMVA. Entre los elementos mencionados estuvieron chats en los que se discutían asuntos relacionados con contratación y reuniones con personas vinculadas a la entidad.
Uno de los testimonios citados señaló que Miguel Quintero habría tenido influencia sobre el AMVA y otras entidades durante la administración de Daniel Quintero. La testigo también relató una reunión en la oficina del entonces director del AMVA, Juan David Palacio, en la que habría participado Álvaro Villada y en la que se habría mencionado a Miguel Quintero en relación con el nombramiento de funcionarios.
El abogado también presentó declaraciones relacionadas con los contratos celebrados entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. El proceso investiga seis contratos que, según lo expuesto en la audiencia, sumaron alrededor de $17.656 millones y en los que se habría producido el pago de aproximadamente $2.481 millones en presuntas coimas.
En otro punto de su intervención, Abushihab señaló que Ortega habría tenido participación en reuniones y movimientos relacionados con los contratos investigados. Según su exposición, habría recibido parte de los recursos presuntamente obtenidos de manera irregular.
El abogado también mencionó información aportada por Luis Enrique Rojas, quien habría señalado a Ortega en relación con una supuesta campaña de desprestigio en su contra. Durante la audiencia se presentaron además afirmaciones sobre presuntos vínculos de Ortega con otras estructuras y hechos que, según la defensa de las víctimas, podrían demostrar un riesgo de continuidad de actividades delictivas. Estas afirmaciones corresponden a los argumentos expuestos por el abogado y deberán ser valoradas por el juez.
La intervención de la representación de las víctimas se extendió durante varias horas. Al finalizar la jornada no se tomó una decisión sobre la privación de la libertad de los procesados y la audiencia fue aplazada para el 28 de septiembre, cuando se espera la intervención de las defensas y del Ministerio Público.
Escrito por: Diego Coronado
