El Ministerio de Justicia y del Derecho envió una comunicación oficial a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, para solicitar verificaciones periciales e indagaciones penales sobre las denuncias públicas relacionadas con una serie de reuniones realizadas en Valledupar. La petición se basa en las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE); una columna del periodista Melquisedec Torres, publicada el 17 de octubre de 2026, y los señalamientos del abogado Juan Carlos Villamizar, asesor de Salvatore Mancuso.
En el documento, radicado el 19 de octubre de 2026, la cartera de Justicia sostiene que la gravedad de las acusaciones amerita una revisión rigurosa por parte del ente investigador. Sin embargo, aclara que la solicitud no implica dar por ciertas las versiones conocidas, sino establecer si los hechos ocurrieron y determinar si se intentó utilizar la justicia para vincular falsamente a personas con conductas delictivas.
Según los testimonios y versiones recopilados, durante reuniones que habrían tenido lugar entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 se habría buscado coordinar declaraciones de antiguos comandantes de las autodefensas, entre ellos Saúl Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, conocido como alias “Martín Llanos”. El propósito presunto habría sido incriminar a Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y al fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Las denuncias también mencionan supuestas ofertas de ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), beneficios de libertad y traslados penitenciarios a cambio de testimonios previamente acordados o que no correspondieran a la verdad.
Puntos clave de la solicitud de investigación
En la comunicación dirigida a la fiscal Camargo, el Ministerio planteó cinco requerimientos para que la Fiscalía establezca las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que habrían ocurrido los hechos. Entre los aspectos que solicita esclarecer están la identidad de quienes convocaron las reuniones, el origen de las instrucciones impartidas y la posible oferta de beneficios judiciales o traslados a cambio de declaraciones.
Además, pidió verificar si se habría promovido la presentación de pruebas o denuncias falsas ante las autoridades judiciales, así como determinar si se utilizaron recursos públicos o mecanismos de justicia transicional con fines contrarios a la ley.
El documento también plantea establecer si estos hechos ya hacen parte de las líneas de investigación adelantadas por la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Por último, el Ministerio solicitó aclarar las diferencias entre las fechas señaladas por las distintas fuentes sobre los encuentros realizados en la capital del Cesar. El objetivo, según la comunicación, es contribuir al esclarecimiento de los hechos y garantizar la transparencia y el respeto al debido proceso en las actuaciones judiciales.
Escrito por: Diego Coronado
