Un mensaje que habría circulado en abril de 2025 advertía sobre un posible atentado contra Miguel Uribe Turbay y Paloma Valencia. La comunicación mencionaba a ‘Marcos Calarcá’, nombre de guerra de Luis Alberto Albán durante su paso por las FARC, y afirmaba que la orden del ataque habría salido del Senado. La Fiscalía adelanta verificaciones para establecer la autenticidad y procedencia de los archivos, mientras María Claudia Tarazona cuestiona la falta de respuestas sobre las alertas que, según su versión, fueron entregadas a las autoridades antes del magnicidio.
“Ese malparido (SIC) de ‘Marcos Calarcá’ está organizando a ocho bandidos para ir a cometer el atentado”, decía uno de los mensajes que Tarazona leyó durante una entrevista con Mañanas Blu.
La viuda del senador aseguró que entregó los archivos a la Fiscalía y reclamó información sobre las actuaciones realizadas para identificar al informante ubicado en Caquetá. Sin embargo, fuentes del organismo confirmaron, según reportes periodísticos, que ya se adelantan diligencias para determinar el origen y la autenticidad de las comunicaciones.
La advertencia habría sido enviada aproximadamente dos meses antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025. Según los mensajes que Tarazona presentó durante la entrevista, una fuente habría alertado sobre los preparativos de un ataque contra el entonces senador y precandidato presidencial o contra Paloma Valencia.
La comunicación también sostenía que la orden provenía del Senado de la República y que la operación contaría con recursos procedentes de Venezuela. Estas afirmaciones abrieron nuevos interrogantes sobre la posible existencia de información previa al crimen, la identidad de las personas que habrían intervenido en la cadena de comunicaciones y las actuaciones de las autoridades frente a la advertencia.
El mensaje señalaba directamente a ‘Marcos Calarcá’, alias con el que se conoce a Luis Alberto Albán, exrepresentante a la Cámara por el partido Comunes. No obstante, las afirmaciones contenidas en los chats no demuestran por sí solas que Albán haya ordenado o coordinado el magnicidio. Esa eventual participación debe ser establecida por las autoridades a partir de pruebas verificables.
Durante la entrevista con Blu Radio, Tarazona sostuvo que los archivos no correspondían a un rumor anónimo, pues incluían nombres, fotografías y datos que, a su juicio, permitían identificar a las personas relacionadas con la alerta.
También cuestionó que, hasta ese momento, no hubiera recibido información sobre avances concretos de la investigación, como una eventual entrevista al informante de Caquetá o los resultados de otros dos interrogatorios que considera relevantes para identificar a los posibles determinadores del crimen.
Posteriormente, Caracol Radio informó que fuentes de la Fiscalía confirmaron la realización de actividades investigativas para establecer la autenticidad y procedencia de los mensajes.
La diferencia entre los reclamos de Tarazona y las actuaciones reportadas es relevante: que se hayan ordenado verificaciones no significa que el contenido de las comunicaciones haya sido confirmado ni que exista una conclusión sobre la posible participación de personas del ámbito político.
La primera alerta: abril de 2025
El primer punto de la reconstrucción se sitúa en abril de 2025, cerca de dos meses antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.
Según la versión presentada por Tarazona, la información provenía de una persona ubicada en Caquetá, cuya identidad, fotografía y posibles vínculos con una organización ilegal habrían sido aportados a los investigadores.
La viuda del senador aseguró que no se trataba de una fuente anónima y que los documentos entregados contenían información que permitiría localizarla.
El mensaje leído durante la entrevista decía: “Ese malparido de ‘Marcos Calarcá’ está organizando ocho bandidos llamados Comandos para ir a hacer el atentado”.
En el mismo texto, el remitente afirmaba que una fuente cercana a esas personas le había suministrado los datos y que confiaba plenamente en ella. También sostenía: “Me dice que la orden salió del Senado”.
El autor del mensaje habría explicado que intentó comunicarse con el destinatario sin conseguirlo y le pidió extremar las medidas de seguridad de Miguel Uribe y Paloma Valencia.
Si se confirma que la comunicación fue enviada antes del atentado y que su contenido corresponde a información obtenida previamente a los hechos, será necesario establecer quién la recibió, quién la transmitió y qué conocimiento tenía cada una de las personas mencionadas.
Por ahora, no se ha divulgado una verificación independiente de la fecha exacta en que se creó o envió el mensaje. Los investigadores deberán determinar si el archivo conserva su contenido original, si fue modificado posteriormente y a través de qué dispositivos circuló.
Los nombres mencionados en los chats
La comunicación atribuye a ‘Marcos Calarcá’ la presunta organización de un ataque con ocho hombres identificados en el texto como “Comandos”. También asegura que la orden habría salido del Senado y menciona a una fuente que supuestamente tenía acceso a información relacionada con esos preparativos.
Tarazona identificó a ‘Marcos Calarcá’ como Luis Alberto Albán, quien fue representante a la Cámara por Comunes. Sin embargo, el contenido de los mensajes no constituye por sí mismo una prueba de que el excongresista haya participado en la planeación del magnicidio.
La viuda también señaló que debía distinguirse entre Luis Alberto Albán y otra persona conocida con el alias de Calarcá dentro de las disidencias de las FARC. La precisión es importante para evitar que las referencias de los mensajes se atribuyan automáticamente a alguien distinto por una coincidencia de nombres.
Otro elemento pendiente de aclaración es la identidad de la fuente que, según el remitente, tenía información desde el interior del Senado. La información divulgada públicamente no permite establecer con certeza si esa persona era la misma que habría suministrado los datos desde Caquetá o si se trataba de dos intermediarios diferentes.
El recorrido de las comunicaciones también incluiría un mensaje posterior al atentado, en el que se cuestionaba la actuación del esquema de seguridad del senador.
“¿Dónde putas estaba el esquema de Miguel? Se los dije que lo iban a matar”, decía el segundo texto.
Tarazona considera que ambos mensajes justifican investigar quién habría conocido los preparativos antes del ataque y qué ocurrió con la advertencia. No obstante, la autenticidad de los archivos y la relación entre sus remitentes y las personas vinculadas al proceso siguen pendientes de verificación.
La conexión con el contacto “Escolta senador”
La investigación por el magnicidio también contiene una línea relacionada con la posible filtración de información desde el círculo de protección de Miguel Uribe Turbay.
Documentos e informes periciales conocidos por El Colombiano, según una publicación del 30 de agosto, indicarían que la Fiscalía recibió información sobre una presunta fuga de datos desde el entorno de seguridad del senador, que habría facilitado el seguimiento de sus movimientos.
Una de las referencias surgió de la declaración de Eduardo Jesús Moreno Medina, conocido como alias Churco, quien era menor de edad cuando rindió testimonio en julio de 2025.
La diligencia inicial comenzó el 23 de julio de ese año, a las 3:35 p. m., en el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, y fue suspendida a las 5:50 p. m. para garantizar los derechos del menor después de advertirse una posible autoincriminación. La entrevista continuó al día siguiente, cuando se registró formalmente su entrega voluntaria ante las autoridades. Según el relato publicado, el joven permaneció bajo custodia hasta el 25 de julio, cuando logró escapar.
En su declaración, Churco señaló a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o El Costeño, condenado a 26 años y tres meses de prisión por su participación en el magnicidio, y aseguró que este recibía información sobre los movimientos del senador.
Según el testimonio, la organización conocía la residencia de Miguel Uribe, el vehículo Toyota TXL blanco y gris en el que se movilizaba y algunas de sus rutas habituales. El menor también afirmó que Chipi decía contar con varios escoltas “de su parte”.
Uno de los contactos supuestamente aparecía guardado en el teléfono del cabecilla como “Escolta del senador” o “Escolta senador”. Churco relató que, a finales de mayo de 2025, mientras se encontraba con Chipi en un taller de motocicletas en Engativá, presenció una llamada por WhatsApp a ese número.
La comunicación habría durado menos de tres segundos. Según su declaración, una voz masculina respondió: “hay manifestaciones”, y colgó. El menor interpretó esa llamada como una señal de que la organización recibía información sobre las actividades del senador.
Churco también aseguró que recibía pagos periódicos por entregar reportes. Según su versión, las transferencias eran coordinadas por Simeón Pérez Marroquín, alias La Firma o El Viejo, condenado a 22 años y cuatro meses de prisión y señalado como uno de los enlaces financieros de la estructura.
En el teléfono entregado por el menor también se habría recuperado una fotografía de Miguel Uribe tomada durante un evento público. El archivo aparece fechado el 29 de mayo de 2025 y estaba almacenado en las carpetas de WhatsApp del dispositivo.
La imagen constituye un elemento que los investigadores pueden contrastar con otros registros para establecer cuándo fue tomada, quién la obtuvo y cómo llegó al teléfono. Por sí sola, no demuestra quién ordenó el atentado ni confirma la identidad de una eventual fuente dentro del esquema de seguridad.
Los seguimientos también se habrían extendido a actividades anteriores. El 30 de marzo de 2025, Miguel Uribe participó en un encuentro en un salón comunal de Bosa, ubicado en la calle 65 Sur #81F-06. Según la información publicada, una segunda línea telefónica registró conexiones en la misma celda y con diferencias de apenas segundos respecto al teléfono atribuido a El Viejo.
Estos datos forman parte de la reconstrucción de los movimientos del senador y de las posibles comunicaciones entre integrantes de la estructura criminal. Su alcance debe evaluarse junto con el resto del material probatorio.
La entrega de los archivos a María Claudia Tarazona
Otro momento clave en la trazabilidad de los mensajes fue su llegada a Tarazona y la posterior entrega a la Fiscalía.
Durante la entrevista con Blu Radio, la viuda del senador explicó que recibió la información y consultó con sus abogados antes de ponerla en manos de las autoridades. Según su versión, dedicó aproximadamente diez días a tomar precauciones para proteger a la persona que se la había suministrado.
Tarazona afirmó que su intención era entregar el material para que los investigadores identificaran a las personas mencionadas, comprobaran los datos y determinaran si los mensajes justificaban nuevas líneas de investigación.
Caracol Radio informó que Tarazona envió un correo electrónico a la Fiscalía el 3 de septiembre de 2026, con información que le habría suministrado otra persona. Según ese reporte, el mensaje incluía varios chats que habían llegado a Paloma Valencia. El medio también señaló que Tarazona entregó físicamente la información a la Fiscalía durante la semana anterior a la publicación.
A partir de esa entrega, se habrían ordenado actividades de policía judicial para establecer la procedencia del correo, la autenticidad de los chats y la veracidad de su contenido.
La secuencia descrita comprende tres momentos: la presunta circulación de la alerta en abril de 2025, el envío de los archivos por correo electrónico el 3 de septiembre de 2026 y la entrega física posterior, seguida de la divulgación pública de los mensajes en octubre.
Sin embargo, todavía no se ha reconstruido públicamente el trayecto completo entre el emisor original, las personas que habrían recibido o transmitido la advertencia y los archivos entregados a Tarazona. Tampoco se ha divulgado una cadena de custodia completa que permita seguir cada uno de esos movimientos.
La viuda insistió en que la información no era anónima y aseguró que los documentos incluían datos para identificar a las personas relacionadas con la alerta. No obstante, Caracol Radio reportó que, según fuentes de la Fiscalía, las autoridades todavía desconocían la identidad de quien habría suministrado inicialmente la información a Tarazona.
Las dos afirmaciones podrían referirse a distintos eslabones de la cadena: que Tarazona conozca a la persona que le entregó los documentos no significa necesariamente que los investigadores hayan identificado y verificado a todas las fuentes mencionadas en ellos.
Por eso, la investigación debe establecer la procedencia de los archivos, comprobar las identidades aportadas y contrastar los testimonios con otras evidencias. Según los reportes, las verificaciones están a cargo del Grupo de Tareas Especiales creado por orden de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, después del atentado.
Hasta el momento de las publicaciones citadas, no se habían divulgado los resultados de esas diligencias ni una conclusión sobre la eventual apertura de una línea formal de investigación relacionada con los nombres mencionados en los mensajes.
El informante de Caquetá y las preguntas pendientes
Uno de los principales reclamos de Tarazona es que, según ella, la persona ubicada en Caquetá no había sido entrevistada por los investigadores. Durante la conversación con Blu Radio, afirmó que desconocía si el equipo de policía judicial se había desplazado hasta ese departamento para localizarla.
La viuda sostuvo que el informante podía ser identificado con los datos que había entregado y que tendría vínculos con una organización ilegal. También explicó que no podía divulgar su nombre públicamente por razones de seguridad.
Una eventual entrevista permitiría establecer qué sabía la persona, cómo obtuvo la información, cuándo la recibió y si tuvo contacto con integrantes de la estructura criminal señalada en el caso. También ayudaría a precisar a quién se refería el mensaje al mencionar una fuente que supuestamente tenía acceso a información dentro del Senado.
La presencia de una fotografía o un nombre en un archivo no demuestra por sí sola la identidad ni la credibilidad de una fuente. Es necesario verificar esos datos, establecer las relaciones con los hechos y contrastar cualquier testimonio con pruebas independientes.
Tarazona manifestó que su preocupación principal es que la alerta hubiera circulado antes del atentado sin que, según su versión, se adoptaran medidas que evitaran el ataque. Aclaró que no pretendía atribuir una intención deliberada a quien habría recibido la información, pues consideraba posible que la hubiera desestimado.
Durante la entrevista no se divulgó el nombre del supuesto destinatario. Tarazona indicó que se trataba de un funcionario público, pero evitó ofrecer más detalles para no poner en riesgo a las personas relacionadas con el caso.
Los interrogatorios a alias Araña y alias Águila
Tarazona también pidió conocer los resultados de dos interrogatorios practicados por la Fiscalía antes de la extradición de sus protagonistas a Estados Unidos.
El primero corresponde a alias Araña, señalado por la viuda como integrante y dirigente de Comandos de Frontera. Según explicó, el interrogatorio buscaba obtener información sobre la planeación, coordinación y financiación del magnicidio.
El segundo es alias Águila, a quien describió como una persona cercana a alias Zarco Aldinever, señalado en la investigación como uno de los mandos relacionados con la Segunda Marquetalia. Tarazona afirmó que este hombre también habría sido interrogado sobre la coordinación y financiación del asesinato antes de su extradición.
La viuda aseguró que desconocía el contenido de esas diligencias y reclamó que la Fiscalía le informara qué habían revelado ambos interrogatorios.
La hipótesis de una posible intervención política se suma a una investigación que ya ha producido condenas y señalamientos contra integrantes de la estructura criminal que ejecutó el ataque. Según el balance incluido en la información suministrada, la Fiscalía había vinculado formalmente a 16 personas al proceso: ocho habían sido condenadas y un adolescente señalado de disparar contra el senador había recibido una sanción.
También continuaban vigentes órdenes de captura contra jefes de la Segunda Marquetalia. En una diligencia anterior, alias El Viejo, Simeón Pérez Marroquín, señaló que esa organización había ordenado y financiado el magnicidio y atribuyó la orden a alias Zarco Aldinever.
Pérez Marroquín fue condenado a 22 años de prisión tras reconocer su papel como intermediario entre los determinadores y el grupo encargado de ejecutar el ataque, de acuerdo con la información citada.
La presunta llegada de dinero desde Venezuela también aparece entre los señalamientos que Tarazona pide verificar. La viuda afirmó que esa información coincidía con elementos que, según su interpretación del expediente, se habrían establecido durante la investigación. Sin embargo, el origen concreto de los recursos y su relación con el magnicidio deben sustentarse en pruebas recaudadas por las autoridades.
La respuesta de Luis Alberto Albán y el llamado a investigar
Las declaraciones de Tarazona provocaron una reacción del partido Comunes el 14 de octubre. La colectividad negó tener relación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, cuestionó los señalamientos y afirmó que sus integrantes habían sido objeto de ataques, desinformación y estigmatización.
En su comunicado, miembros de la organización aseguraron que estaban dispuestos a atender los requerimientos de las autoridades y defendieron que sus actuaciones se habían desarrollado dentro del marco constitucional y legal. Entre los firmantes se encontraba Luis Alberto Albán.
Por su parte, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, pidió a la fiscal general adelantar una investigación rigurosa y prioritaria para establecer la veracidad de las afirmaciones y esclarecer cualquier eventual participación de personas vinculadas al Congreso, según informó El País.
La trazabilidad de las comunicaciones deja varios interrogantes sin resolver: quién redactó y envió la primera alerta; cuándo y a quién llegó originalmente; quién era la fuente que supuestamente tenía información dentro del Senado; cómo se relacionaba con el informante de Caquetá; qué funcionario habría recibido la advertencia y si las autoridades que pudieron conocerla antes del atentado adoptaron alguna medida.
También falta establecer la autenticidad técnica de los mensajes, su fecha original de creación y envío, la continuidad entre el chat previo y la comunicación posterior al ataque, y la relación entre los nombres mencionados y las personas vinculadas al proceso penal.
A esas preguntas se suman los resultados de las diligencias de policía judicial, la eventual entrevista al informante de Caquetá y el contenido de los interrogatorios a alias Araña y alias Águila.
Tarazona afirmó que continuará exigiendo respuestas para establecer quién ordenó asesinar a su esposo. La Fiscalía, por su parte, deberá determinar el valor probatorio de los documentos entregados y establecer si permiten avanzar en nuevas hipótesis sobre los posibles determinadores del magnicidio.
Por ahora, la existencia de una alerta, la autenticidad de los mensajes y la eventual responsabilidad de las personas mencionadas son asuntos distintos que deben ser esclarecidos mediante la investigación judicial.
Escrito por: Diego Coronado
