El Gobierno nacional estudia implementar una estrategia de saneamiento financiero y modificar las condiciones de funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia. La iniciativa, incluida en el borrador del Plan Nacional de Desarrollo, busca atender las obligaciones económicas acumuladas por el sistema, establecer criterios contables unificados y revisar los mecanismos mediante los cuales se calculan y distribuyen los recursos públicos entre la Nación, las aseguradoras, las instituciones prestadoras de servicios de salud y los proveedores.
De acuerdo con las cifras reportadas con corte a junio de 2026, las EPS del país registraban pasivos por 40,3 billones de pesos y un patrimonio negativo acumulado de 18,7 billones. Estos datos no incluyen la información correspondiente a Nueva EPS. Para ese mismo periodo, las siete entidades intervenidas por el Estado concentraban el 42,3 % de la población afiliada.
Los indicadores de atención también reflejan dificultades en el sistema. Durante 2025, el 53,1 % de los usuarios que recibieron una fórmula médica obtuvo la totalidad de los medicamentos a través de su EPS. Además, las acciones de tutela relacionadas con el derecho a la salud aumentaron un 18 % entre 2024 y 2025.
Gobierno propone un mecanismo para sanear las deudas del sistema de salud
Para atender las obligaciones financieras acumuladas, el borrador plantea crear un mecanismo que permita evaluar y reconocer las deudas a cargo de la Nación con el sector salud. Este instrumento definiría las condiciones de pago, los plazos para realizar los desembolsos y los criterios para distribuir los recursos entre las EPS, los hospitales públicos, las clínicas privadas y los proveedores de tecnologías sanitarias.
La estrategia también contempla establecer garantías de pago y herramientas para mejorar la liquidez de las entidades. A estas medidas se sumaría el fortalecimiento de los procesos de auditoría y recuperación de recursos a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
Cambios en el cálculo de la UPC y la supervisión de las EPS
Otro componente de la propuesta corresponde a la revisión de los mecanismos de financiación. El Ministerio de Salud y Protección Social modificaría la metodología para calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC), valor que reconoce el Estado por cada afiliado para financiar los servicios y tecnologías incluidos en el sistema.
La cartera también ajustaría los presupuestos máximos y establecería un seguimiento periódico al uso de los recursos, así como a los límites de los gastos administrativos de las aseguradoras.
Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud implementaría disposiciones obligatorias para medir el deterioro de cartera y regular los procesos de insolvencia de las entidades intervenidas. El propósito sería establecer criterios comunes para evaluar su situación financiera y hacer seguimiento a sus obligaciones.
Conciliación territorial para resolver conflictos en la atención
El borrador del Plan Nacional de Desarrollo incluye, además, un mecanismo de resolución temprana de controversias mediante espacios de conciliación voluntaria en los territorios.
La propuesta busca que las diferencias relacionadas con la prestación de los servicios puedan tramitarse a través de las secretarías de salud, con el fin de encontrar soluciones sin interrumpir la atención de los pacientes.
El documento también precisa que este procedimiento no limitaría ni sustituiría el derecho de los ciudadanos a presentar acciones de tutela para proteger su acceso a los servicios de salud.
Escrito por: Diego Coronado
