En la Fiscalía y la Procuraduría reposan denuncias que han dado lugar a investigaciones por graves señalamientos entre altos funcionarios del Gobierno, en lo que se ha denominado ‘fuego amigo’. Sin embargo, hasta ahora no hay resultados concretos que permitan establecer si se trata de acusaciones fundadas o de disputas internas por el poder. El único caso con avances es el del excanciller Álvaro Leyva, quien fue destituido en el ámbito disciplinario y llamado a juicio en el penal.
Uno de los episodios recientes involucra a la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, quien denunció ante la Fiscalía un presunto caso de extorsión. La funcionaria aseguró que el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, junto con otros funcionarios —incluidos algunos de la Casa de Nariño—, estarían detrás de una estrategia para apartarla del cargo. Según su relato, incluso pagó $20 millones ante el temor de represalias, y posteriormente entregó a las autoridades números telefónicos y cuentas bancarias vinculadas al caso. Carrillo negó las acusaciones, en medio de un enfrentamiento que ambos sostienen desde el año anterior. Tanto la Procuraduría como la Contraloría anunciaron indagaciones, sin resultados conocidos hasta el momento.
En paralelo, Carrillo también denunció un intento de extorsión relacionado con un contrato por más de $13.000 millones para obras en La Mojana, lo que evidencia la complejidad del conflicto entre ambas partes.
Otro foco de controversia surgió en 2023 con la filtración de audios de Armando Benedetti, en los que afirmaba haber conseguido $15 mil millones para la campaña presidencial y advertía sobre revelar su origen, sugiriendo un escándalo similar al proceso 8.000. Aunque posteriormente restó importancia a sus declaraciones, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral abrieron investigaciones. Este último concluyó que la campaña de 2022 superó los topes de gasto y recibió financiación indebida, sancionando a sus directivos, pero sin esclarecer el origen de los recursos mencionados por Benedetti. La Fiscalía, por su parte, anunció imputaciones, aunque tampoco ha resuelto ese punto específico.
También se han presentado choques dentro del gabinete, como el protagonizado por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien acusó a Benedetti de grabar y filtrar conversaciones privadas, un señalamiento que, hasta ahora, no ha derivado en investigaciones conocidas.
A esto se suman denuncias sobre presuntas irregularidades en el nombramiento de interventores de EPS. El exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, afirmó que desde la Casa de Nariño se habrían impulsado hojas de vida usando el nombre del presidente. Estas versiones fueron negadas, pero tampoco han sido esclarecidas por los organismos de control.
Finalmente, otro caso que generó controversia fue el de Juliana Guerrero, cuya designación en el Ministerio de la Igualdad se frustró tras cuestionamientos sobre la validez de su título profesional. Posteriormente, fue vinculada a una investigación penal. Además, Angie Rodríguez aseguró que Guerrero afirmaba tener cercanía con el ELN, lo que fue rechazado por la propia señalada.
En conjunto, estos episodios reflejan un panorama marcado por denuncias cruzadas y tensiones internas, en el que, pese a la gravedad de los señalamientos, persiste la falta de conclusiones judiciales claras.
