El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia, no solo volvió a encender las alertas sobre los riesgos que enfrenta la prensa en territorios con presencia de grupos armados, sino que también abrió una nueva polémica alrededor del manejo institucional y político del caso.
El cuerpo del reportero, de 25 años, fue recuperado el 8 de mayo de 2026 tras varios días de búsqueda y una compleja misión humanitaria liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) y la Defensoría del Pueblo. Según las autoridades, Pérez Rueda habría sido asesinado por disidencias de las Farc en una zona de difícil acceso del norte antioqueño.
La recuperación del cuerpo estuvo marcada por retrasos derivados de las condiciones de seguridad y la presencia de actores armados ilegales en el territorio, situación que obligó a coordinar el ingreso únicamente a través de organismos humanitarios especializados.
En medio del proceso, la familia del periodista tomó un papel activo en las gestiones. A través de redes sociales y contactos con entidades nacionales, allegados de Mateo insistieron durante días en acelerar las labores de búsqueda y recuperación. Sin embargo, tras confirmarse el hallazgo, uno de sus familiares lanzó fuertes cuestionamientos públicos sobre el manejo del caso.
Por medio de un hilo publicado en X, aseguró que algunas figuras públicas habrían utilizado la tragedia con fines políticos y mediáticos. Según expresó, existía una “obligación moral” de contar cómo, a su juicio, se instrumentalizó el dolor de la familia durante los días de mayor atención nacional sobre el asesinato.
En la publicación, el familiar afirmó que las primeras acciones concretas para facilitar la recuperación del cuerpo surgieron gracias a la intervención de la senadora Isabel Zuleta, quien habría establecido contactos institucionales y realizado llamados al Gobierno nacional para agilizar la operación humanitaria.
También destacó el apoyo de los periodistas Sergio Mesa y Camila Carvajal, quienes sirvieron como enlace con organizaciones que finalmente participaron en el ingreso a la zona, entre ellas el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo.
Además, reconoció el acompañamiento de la Fundación para la Libertad de Prensa, que activó alertas desde el momento en que se reportó la desaparición del reportero y mantuvo comunicación constante con sus allegados.
No obstante, las críticas más fuertes estuvieron dirigidas al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. El familiar sostuvo que la presencia del mandatario en medio de la situación no tuvo impacto real en las labores de recuperación y aseguró que su visita respondió más a intereses políticos que a un apoyo efectivo sobre el terreno.
El gobernador había informado previamente, a través de redes sociales, que se desplazó hasta Yarumal y que buscó reunirse con los padres del periodista desaparecido. Sin embargo, según el relato del familiar, dicha presencia no modificó las condiciones de la operación humanitaria que permitió recuperar el cuerpo.
El caso de Mateo Pérez Rueda volvió a poner sobre la mesa la situación de vulnerabilidad que enfrentan periodistas en regiones atravesadas por el conflicto armado. De acuerdo con cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa, al menos 170 comunicadores han sido asesinados en Colombia desde 1977, en hechos relacionados con el ejercicio de su labor informativa.
