El Banco de la República profundizó su política de ajuste monetario al elevar la tasa de intervención al 11,25%, tras un aumento de 100 puntos básicos, el segundo consecutivo en dos meses. La medida se da luego de un incremento similar en enero, cuando la tasa se ubicó en 10,25%, consolidando una estrategia agresiva para contener la inflación.
La decisión estuvo marcada por una fuerte tensión con el Gobierno. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se opuso al alza y abandonó la reunión antes de su conclusión, rompiendo el protocolo habitual. Incluso anticipó públicamente la decisión sin esperar la confirmación oficial del banco, lo que evidenció el choque entre el Ejecutivo y la Junta Directiva, organismo autónomo desde la Constitución de 1991. Posteriormente, el gerente Leonardo Villar confirmó la medida, respaldada por cuatro de los siete codirectores.
Detrás de la decisión hay un dilema clave: controlar la inflación sin frenar en exceso la economía. Como señalan analistas, reducir el alza de precios implica sacrificar parte del crecimiento. Sin embargo, existe un amplio consenso en que la inflación debe ser contenida, ya que su comportamiento actual sugiere que la expansión económica reciente no es sostenible.
El incremento ya era anticipado por el mercado. Encuestas de entidades como ANIF mostraban que la mayoría de analistas esperaba un alza de esta magnitud, mientras que el sector bancario consideró la medida necesaria para enfrentar un contexto de alta incertidumbre y presión inflacionaria.
Factores como el fuerte aumento del salario mínimo, las presiones internacionales en energía y alimentos, y riesgos climáticos han elevado las expectativas de inflación para 2026, que ahora superan ampliamente las previsiones iniciales. A esto se suman señales del mercado financiero que indican que los precios podrían mantenerse altos durante más tiempo del previsto.
El panorama externo también añade presión, con el encarecimiento de combustibles y fertilizantes derivado de conflictos internacionales, además de problemas internos como el déficit de gas y ajustes en el precio de la gasolina. Incluso fenómenos climáticos como El Niño podrían intensificar estas presiones en los próximos meses.
Aunque la decisión no fue unánime, reflejando divisiones dentro de la Junta, el camino hacia adelante apunta a posibles nuevos incrementos, aunque de menor magnitud. Las proyecciones indican que la tasa podría mantenerse alta durante 2026, y que un eventual ciclo de reducciones dependerá de que la inflación muestre una caída sostenida hacia la meta del 3%.
