Con preguntas al público, cifras escritas en hojas de colores y pancartas elaboradas a mano, siete organizaciones sociales realizaron una jornada de educación sexual y reproductiva en las escaleras del Museo Nacional. Una de las expositoras utilizó un megáfono para explicar las diferencias entre identidad de género, orientación sexual y expresión de género, mientras un cartel con ilustraciones y banderas de distintas identidades acompañaba la presentación. La actividad invitó a los asistentes a reflexionar: ¿qué tanto conocemos nuestros derechos sexuales y reproductivos? ¿Sabemos cómo exigirlos?
La jornada se llevó a cabo este viernes 23 de octubre, en medio de nuevas manifestaciones contra el retiro de 63 piezas del Museo Nacional, ordenado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre los elementos desmontados había documentos relacionados con las luchas feministas, piezas vinculadas con los movimientos lésbicos y trans, y objetos que narraban procesos de paz y memoria política.
La iniciativa dio continuidad a las clases abiertas que comenzaron el 19 de octubre, cuando docentes y estudiantes de universidades como la Nacional y los Andes se reunieron en las escaleras del edificio para debatir sobre la memoria histórica y el papel de los museos. En esta ocasión, las organizaciones centraron sus exposiciones en los derechos sexuales y reproductivos, con temas como educación sexual, aborto, violencia gineco-obstétrica y derechos de las personas trans.
Con pañuelos verdes y una gran bandera trans cubierta de firmas en respaldo a la exigencia de una ley que brinde garantías a esta población, los participantes buscaron mostrar cómo las historias conservadas en el Museo se relacionan con las luchas por el reconocimiento y la protección de derechos en Colombia.
¿Qué condiciones necesitamos para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos? Esta fue otra de las preguntas que orientaron la denominada “clase a la calle”. El encuentro se desarrolló en medio de la preocupación de las organizaciones por la solicitud de la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, de reversar la política de salud sexual y reproductiva que dejó firmada el Gobierno de Gustavo Petro durante sus últimos días.
Hoyos justificó su petición al señalar que la resolución presenta “cuestionamientos constitucionales y legales” y podría afectar la autonomía de los colegios y el derecho de madres y padres a elegir la educación de sus hijos. Ante esta solicitud, las organizaciones convocantes expresaron su rechazo y defendieron el acceso a información basada en evidencia sobre sexualidad y derechos reproductivos.
“Uno no cuida lo que no conoce”, afirmó Lina Corredor, directora y fundadora de Aliadas, una agencia pedagógica dedicada a los derechos sexuales y reproductivos. Corredor aseguró que más del 83 % de la población colombiana desconoce estos derechos, una cifra que, según explicó, evidencia la necesidad de fortalecer la educación sexual y garantizar que las personas sepan cuáles son sus derechos y cómo exigirlos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2025, el 80,2 % de las mujeres y el 72,9 % de los hombres de entre 13 y 49 años afirmaron haber recibido información relacionada con la sexualidad alguna vez en su vida. Sin embargo, el acceso a estos contenidos disminuye entre las personas que viven en determinadas regiones, tienen bajos niveles educativos o enfrentan condiciones socioeconómicas desfavorables.
Según la encuesta, aunque en Colombia se brinda información sobre sexualidad, esta suele concentrarse en la planificación familiar, especialmente en el uso de métodos anticonceptivos, la decisión de tener hijos y la prevención de infecciones de transmisión sexual. En contraste, otros asuntos, como la prevención de las violencias sexuales, los derechos sexuales y reproductivos y las rutas para denunciar agresiones, suelen recibir menos atención.
Las violencias basadas en género también ocuparon un lugar central en las exposiciones. Una de las pancartas llevaba la frase: “Nombrar la violencia es el primer paso para transformarla”. Debajo, varios recortes de prensa y cifras sobre feminicidios y otras agresiones contra las mujeres sirvieron para explicar cómo estos hechos responden a patrones de discriminación y desigualdad que van más allá de los casos particulares difundidos por los medios de comunicación.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en lo corrido del año se han reportado 96 feminicidios y 23 transfeminicidios. Además, el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo ha documentado 47 homicidios de personas LGBTIQ+.
Una historia de luchas por la autonomía reproductiva
Las conversaciones sobre aborto y violencia gineco-obstétrica también permitieron recordar que los derechos sexuales y reproductivos son resultado de décadas de movilización social. Esa trayectoria estaba representada en una de las piezas retiradas del Museo Nacional: el manifiesto internacional de la campaña por la contracepción, el aborto y el rechazo a la esterilización forzada, elaborado en Cali en diciembre de 1978 durante el Encuentro Nacional de Mujeres.
El documento recogía reivindicaciones de las organizaciones feministas de la época, como la posibilidad de decidir sobre la reproducción, acceder a métodos anticonceptivos y rechazar intervenciones médicas realizadas sin consentimiento. Estas demandas hacen parte de una historia más amplia de luchas por la autonomía corporal y la participación de las mujeres en las decisiones sobre sus propias vidas.
Décadas después de aquel manifiesto, el acceso al aborto y la atención médica libre de violencias continúan entre las reivindicaciones feministas. En las escaleras del Museo Nacional, integrantes del Grupo Médico por el Derecho a Decidir y de Colectiva Justicia Mujer hablaron sobre el acompañamiento durante el aborto y la violencia gineco-obstétrica, que incluye prácticas como realizar procedimientos sin consentimiento informado, minimizar el dolor de las pacientes o impedir que estén acompañadas por una persona de confianza.
“Los cuidados durante el aborto deben ser casi iguales que hay con el parto”, expresó una integrante de Colectiva Justicia Mujer.
Pese a que en Colombia la interrupción voluntaria del embarazo está permitida hasta la semana 24 de gestación, las personas que buscan acceder a este derecho todavía enfrentan distintos obstáculos. Entre ellos se encuentran la falta de información clara y oportuna, las demoras en la atención médica y las presiones que algunas mujeres y personas gestantes pueden recibir del personal de salud para desistir de su decisión.
A estas dificultades se suma el temor que puede generar el procedimiento y que, según la ENDS, también puede influir en la búsqueda de atención oportuna.
Durante la jornada, una de las participantes explicó las razones para realizar la actividad en el Museo Nacional: “Convocamos a este espacio en el Museo porque creemos que es importante reconocer la historia de los derechos sexuales y reproductivos. Negarlos o ponerlos bajo amenaza también pone en jaque la democracia y las instituciones que deben garantizar espacios seguros y libres de violencia, así como derechos fundamentales como la salud y la educación, para que las personas puedan vivir dignamente”.
La discusión también llegó a los registros oficiales. Las organizaciones expusieron las dificultades para consignar adecuadamente la identidad de género de las personas trans en documentos como los registros de defunción. Según Sebastián León-Giraldo, integrante de la Liga de la Salud Trans, cuando una persona no es identificada de acuerdo con su identidad de género, la información disponible resulta insuficiente para determinar cuántas personas trans mueren y dimensionar las violencias que afectan a esta población.
La exclusión de sus experiencias tanto de los registros oficiales como de los relatos históricos genera dificultades distintas, pero relacionadas. En ambos casos, la falta de reconocimiento limita la comprensión de la realidad de esta población y de sus aportes a la sociedad, explicó León-Giraldo, quien considera que todavía existen deudas pendientes en materia de garantía de derechos.
Tras más de cuatro horas de actividades, las organizaciones promovieron una conversación sobre las consecuencias de no contar con garantías suficientes para ejercer los derechos sexuales y reproductivos. La educación sexual integral, el acceso al aborto, la atención médica libre de violencia y el reconocimiento de las personas trans implican responsabilidades institucionales y condiciones que permitan tomar decisiones sobre el propio cuerpo.
Para los colectivos participantes, defender la memoria representada en las piezas retiradas del Museo Nacional también significa explicar cómo se conquistaron derechos que hoy se ejercen y qué obstáculos persisten para garantizarlos.
“Vamos a seguir acá resistiendo, vamos a seguir tomándonos este espacio que es nuestro, que es del pueblo y que vamos a seguir compartiendo con las personas, no desde una postura donde les enseñamos solamente conceptos, sino donde podamos transmitir y, en doble vía, podamos aprender entre todos estos conceptos que hacen parte de nuestra historia”, concluyó David Zambrano, médico que trabaja en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.
En la jornada participaron La Aliada, Fundación Oriéntame, la Liga de Salud Trans, Colectiva Justicia Mujer, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Primero la Gente. Con estas actividades, las organizaciones se sumaron a las manifestaciones y encuentros que se desarrollan frente al Museo Nacional desde comienzos de semana.
Escrito por: Diego Coronado
