Un borrador de decreto ha generado tensión entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el movimiento indígena, considerado una de las principales bases de la izquierda colombiana. El documento, publicado el lunes y abierto a comentarios hasta este domingo, propone crear un sistema de información sobre las guardias indígenas.
“El Estado no conoce a ciencia cierta cuántas existen, en qué territorios actúan, qué autoridad propia las orienta ni con cuántos integrantes cuentan”, señala el texto al referirse a estas organizaciones no armadas de seguridad comunitaria.
Aunque el borrador establece que no habría consecuencias para las autoridades tradicionales que decidan no entregar la información, la propuesta ha generado preocupación entre sectores del movimiento indígena. La principal inquietud está relacionada con un posible riesgo de perfilamiento, mientras las organizaciones evalúan si pronunciarse públicamente o mantener una postura cautelosa para evitar un aumento de las tensiones.
El documento, de ocho páginas, plantea que el nuevo sistema quede bajo la responsabilidad de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior. Las autoridades indígenas tendrían la posibilidad de reportar datos como el pueblo al que pertenece la guardia, el territorio donde desarrolla sus actividades, el número de integrantes y el teléfono de un representante.
A partir de esa información, el Gobierno emitiría una constancia. Según el borrador, el propósito sería facilitar la articulación de las guardias con diferentes entidades estatales, entre ellas la fuerza pública y la Unidad para las Víctimas, en actividades en las que participen estas organizaciones.
El documento sostiene que actualmente “la ausencia de información dificulta la coordinación en el territorio y una respuesta institucional oportuna”.
La respuesta del movimiento indígena
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una de las organizaciones con mayor capacidad de movilización del país, reaccionó el miércoles mediante un comunicado en el que recordó que las guardias “se fundamentan en la espiritualidad, la cosmovisión, el derecho propio y la autonomía” y que su existencia no depende de un reconocimiento estatal.
“Exigimos al Gobierno nacional abstenerse de adelantar cualquier medida que pueda vulnerar o representar un retroceso en el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales”, señaló la organización.
El CRIC también cuestionó que las responsabilidades del Estado frente a los pueblos indígenas puedan estar relacionadas con la entrega de información y advirtió sobre los posibles efectos del mecanismo.
“La información podrá convertirse en un mecanismo de vigilancia, estigmatización y judicialización de quienes ejercen legítimamente acciones de defensa territorial y comunitaria”, sostuvo.
La organización también planteó que cualquier medida destinada a regular las guardias debería ser sometida a consulta previa, mecanismo contemplado por la Constitución para que los pueblos étnicos participen en decisiones que puedan afectar sus derechos.
La preocupación también fue respaldada por defensores de derechos humanos en Bogotá. Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señaló que la Guardia Indígena no debería ser objeto de vigilancia o administración estatal y advirtió que convertir sus procesos propios en un sistema de información podría generar riesgos de seguimiento, estigmatización e individualización de sus integrantes.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, compartió ese mensaje en su cuenta de X.
La respuesta del Gobierno frente a las críticas
El propio borrador contempla algunos de los cuestionamientos planteados por las organizaciones indígenas. Desde sus primeras consideraciones, reconoce que el Estado no tiene competencia para “definir, autorizar o condicionar” la existencia de las guardias indígenas.
“Corresponden a decisiones que cada pueblo adopta en ejercicio de su autonomía”, señala el documento. También agrega que “ningún sistema de información puede erigirse en condición para la existencia de una institución propia de los pueblos”.
El Gobierno sostiene que el mecanismo no interferiría en la autonomía indígena porque estaría limitado a recopilar información y ninguna entidad podría exigir como requisito la constancia de pertenecer al sistema.
“[Hacer parte] no es requisito para el ejercicio de ningún derecho ni para el acceso a ninguna medida”, precisa el borrador.
Frente al riesgo de perfilamiento, el documento señala que no se crearían listados nominales. “El sistema se diseña para dar cuenta de la guardia como institución colectiva y no de sus integrantes”, subraya.
Asimismo, el borrador sostiene que no sería necesaria una consulta previa, debido a que el contenido de los reportes dependería de la información que las propias autoridades indígenas decidan entregar.
Una tensión que continúa creciendo
Aunque el documento reconoce que las autoridades indígenas pueden decidir no participar en el mecanismo, su presentación ha generado inquietud en un movimiento que fue uno de los principales respaldos del Gobierno de Gustavo Petro entre 2022 y 2026 y que mantiene una relación tensa con la administración de De la Espriella.
Gerardo Jumí, dirigente histórico del movimiento indígena, advirtió que ambas partes se encuentran en una situación de tensión, aunque también han enviado señales de disposición al diálogo.
“Entre el movimiento indígena y el Gobierno de De la Espriella se miran de reojo. Cada parte ha enviado gestos de disposición al diálogo. No obstante, se observa que una de las partes está enviando mensajes hostiles. Ello arriesga un rompimiento”, señaló.
La falta de pronunciamientos de otras organizaciones indígenas no necesariamente representa una ausencia de preocupación. Según Jumí, existe un alto nivel de atención dentro del movimiento y varias organizaciones estarían evaluando la situación.
“De pronto no hay un pronunciamiento de cada una, pero todas están con un nivel alto de atención. Estamos observando muchos mensajes hostiles, una actitud controladora, y el movimiento ya empieza a crisparse”, afirmó.
El dirigente, quien fue consejero secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) entre 2021 y 2025, recordó que, según su experiencia, otros gobiernos no habían planteado la creación de un censo de las guardias indígenas.
También señaló que estas organizaciones han participado en labores humanitarias, como la atención de desastres naturales y el rescate de personas secuestradas, sin que anteriormente se hubiera planteado la falta de información como un problema de coordinación.
Al igual que ocurre con otros sectores sociales vinculados a la izquierda, existe cautela frente a una posible confrontación con el Ejecutivo. Jumí explicó que la intención del movimiento es preservar la posibilidad de mantener un diálogo.
“No tenemos temor, porque no hemos conquistado nuestros derechos así. Tenemos cautela, que es cuidar la posibilidad de un diálogo constructivo. El movimiento indígena no quiere ser el que envíe mensajes hostiles, el que rompa el diálogo”, afirmó.
El dirigente describió esta postura como una estrategia de “diplomacia blanda”, aunque reconoció las dificultades para establecer un acercamiento con el Gobierno debido a sus “antecedentes” y a los señalamientos realizados por funcionarios sobre presuntos casos de corrupción dentro de organizaciones indígenas.
Otros puntos de tensión entre el Gobierno y el movimiento indígena
El borrador sobre las guardias indígenas no es el único asunto que ha generado diferencias entre el Ejecutivo y el movimiento indígena.
A comienzos de este mes, el vocero presidencial confirmó que el Gobierno prepara una propuesta para permitir que las licencias ambientales puedan tramitarse “de manera paralela y autónoma” respecto de las consultas previas, aunque todavía no se conocen mayores detalles de la iniciativa.
El presidente, por su parte, ha señalado que la consulta previa “debe servir para escuchar a las comunidades y encontrar soluciones, no para alimentar la burocracia ni llenar las alforjas de unos pocos”.
Escrito por: Diego Coronado
