El presidente Gustavo Petro designó al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como nuevo interventor de Nueva EPS, según informó la Presidencia de la República de Colombia a través de sus redes sociales.
La aseguradora más grande del país se encontraba en un limbo jurídico y administrativo tras el vencimiento de su intervención el pasado 3 de abril.
Ospina, médico de profesión, llega en reemplazo de Luis Óscar Galvis, quien había sido nombrado agente interventor a finales del año pasado y a quien el Gobierno le solicitó la renuncia en marzo.
La designación de Ospina, cercano al Gobierno, no implica necesariamente que exista ya una prórroga de la intervención, pues hasta el momento no se ha expedido un acto administrativo oficial.
En paralelo, la superintendente ad hoc —encargada de emitir el concepto técnico para una eventual segunda prórroga— se encuentra fuera del cargo por motivos médicos, lo que ha dificultado aún más la toma de decisiones.
De acuerdo con el procedimiento, una segunda prórroga (equivalente a una tercera fase de intervención) requiere que la superintendencia ad hoc remita un concepto técnico al Ministerio de Salud, entidad encargada de expedir el acto administrativo correspondiente. Sin embargo, este proceso aún no se ha concretado, lo que ha prolongado el actual limbo jurídico.
Una crisis que no da espera
Este vacío de liderazgo ocurre en medio de una crisis estructural que se viene agravando desde antes de la intervención en abril de 2024. La Nueva EPS, que atiende a más de 11 millones de afiliados, enfrenta un deterioro financiero, operativo y administrativo que pone en riesgo la prestación de los servicios.
Uno de los principales problemas es la falta de información financiera actualizada. La entidad no presenta estados financieros claros desde hace dos años, lo que impide conocer con precisión su situación patrimonial.
A esta opacidad se suma un aumento sostenido en las quejas de los usuarios. En 2025, la EPS acumuló más de 518.000 reclamos y, según datos recientes, más de 120.000 tutelas permanecerían sin siquiera ser tramitadas en sus canales de atención, lo que evidencia graves fallas en la gestión.
La crisis también ha impactado directamente a la red hospitalaria. Varias clínicas y hospitales han suspendido servicios o terminado contratos debido a las deudas acumuladas. Casos como los de la Clínica Avidanti en Manizales, la Clínica San Rafael en Armenia y la Clínica Primavera en Villavicencio reflejan el efecto de la falta de pagos, con cierres de servicios y restricciones en la atención a pacientes.
En otras regiones, centros hospitalarios han advertido que podrían dejar de atender a afiliados de la EPS si no se saldan las obligaciones pendientes. Según el sector, la cartera podría superar los 5 billones de pesos, con un deterioro acelerado en los últimos meses.
