El más reciente balance sobre siniestralidad vial en Bogotá, aunque doloroso, cumple una función ineludible: visibilizar una realidad que durante años ha permanecido relegada. Las cifras son alarmantes: de las 162 personas fallecidas en accidentes viales hasta el 5 de abril de este año, tres de cada diez eran adultos mayores, especialmente en siniestros que involucran motocicletas. Datos que no solo conmueven, sino que obligan a retomar un debate urgente, sin más aplazamientos ni evasivas.
Detrás de cada cifra hay una vida truncada, pero también un patrón que exige respuestas concretas. Que una población que realiza menos desplazamientos concentre una proporción tan alta de muertes evidencia una falla estructural. No se trata de hechos aislados ni de fatalidades inevitables, sino de un problema persistente que requiere decisiones firmes por parte de las autoridades y un compromiso más sólido de la ciudadanía.
Ahora bien, este panorama no debe traducirse en una estigmatización de las motocicletas. Este medio de transporte, consolidado como una alternativa legítima de movilidad y sustento para miles de personas, cumple una función social y económica indiscutible. Sin embargo, su uso conlleva responsabilidades ineludibles: respetar las normas de tránsito, acatar los límites de velocidad y conducir con prudencia no son opciones, sino condiciones básicas para la convivencia y la protección de la vida, especialmente de los más vulnerables.
El debate, por fortuna, ha comenzado a orientarse en una dirección más consciente. Cada vez resulta más evidente que la infraestructura urbana, diseñada durante décadas bajo una lógica centrada en la velocidad vehicular, ha terminado excluyendo a quienes requieren mayor protección. Los puentes peatonales son un ejemplo claro: concebidos como soluciones de seguridad, en muchos casos se han convertido en barreras que empujan, sobre todo a los adultos mayores, a realizar cruces riesgosos a nivel.
Reconocer estas falencias no es suficiente. Es imprescindible avanzar hacia transformaciones estructurales que sitúen en el centro a los actores más vulnerables. Esto implica rediseñar las vías, fortalecer los controles efectivos y consolidar alternativas de movilidad que incentiven el uso del transporte público masivo, como el metro, TransMilenio y el SITP Zonal. Apostar por estas opciones no solo responde a criterios de eficiencia, sino también de seguridad y sostenibilidad.
Finalmente, la realidad demográfica de Bogotá ha cambiado, y todo indica que el envejecimiento de la población seguirá en aumento. Adaptar la ciudad a quienes la habitan —especialmente a quienes enfrentan mayores riesgos— no es solo una tarea pendiente, sino un imperativo ético inaplazable. A la par, resulta fundamental reforzar el sentido de responsabilidad en la conducción como pilar para la protección de la vida.
Escrito por: Diego Coronado
