El Gobierno nacional radicó este jueves 29 de octubre de 2026 ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa de 123 páginas que busca reducir el gasto público en cerca de 40 billones de pesos durante 2027. La propuesta provocó reacciones divididas entre congresistas, concejales, exfuncionarios y distintos sectores sociales.
El proyecto, cuya presentación estaba prevista inicialmente para agosto, corresponde a la segunda etapa de la estrategia de ajuste fiscal del Ejecutivo, posterior a las decisiones adoptadas en materia presupuestal. La administración del presidente Abelardo de la Espriella sostiene que la iniciativa es necesaria para enfrentar el déficit fiscal, que, según sus proyecciones, podría llegar a los 144 billones de pesos al cierre de 2026.
Durante la radicación, el vicepresidente José Manuel Restrepo cuestionó el manejo económico de la administración anterior y advirtió sobre el impacto de la deuda pública en las finanzas del Estado.
“El gobierno anterior del presidente Gustavo Petro nos dejó una bomba de tiempo. Una bomba que estallaría el próximo año en 2027 a menos que como gobierno actuemos. Una bomba que significa un hueco tan grande que se resume en que de cada tres pesos del presupuesto nacional que pagamos en impuestos, uno se va a pagar intereses de la deuda pública”, expresó.
El funcionario explicó que el 70 % del esfuerzo contemplado en la ley recaería sobre el propio Estado, mientras que el 30 % restante se financiaría mediante contribuciones de los sectores con mayores ingresos. Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, calificó el proyecto como “la piedra angular que permitirá recuperar la economía” y señaló que, además de ajustar las finanzas públicas, busca incentivar la inversión y la generación de empleo.
Entre las principales medidas se encuentra la reducción del 50 % en los gastos de contratos de prestación de servicios durante 2027 y un recorte del 20 % en los gastos salariales de las entidades del Presupuesto General de la Nación para 2028, con excepción de la Fuerza Pública. El Ejecutivo calcula que estas disposiciones permitirían alcanzar un ahorro estatal de 44,6 billones de pesos en 2027. Asimismo, propone reducir el impuesto de renta empresarial del 35 % al 33 % durante ese año y al 31 % a partir de 2028.
La iniciativa también contempla salvaguardas para los recursos destinados a salud, educación básica, agua potable, pensiones, universidades públicas y cumplimiento de sentencias judiciales. Como mecanismo de compensación por los cambios en el IVA, el Gobierno plantea implementar EfectIVA, un sistema de devolución dirigido a los hogares de menores ingresos, con un beneficio promedio de 213.000 pesos mensuales y un giro anticipado previsto para el 20 de diciembre de 2027.
Entre los primeros respaldos estuvo el de la senadora Hilda Gutiérrez, del Centro Democrático, quien celebró en su cuenta de X que el articulado incluyera “medidas concretas de austeridad, alivio tributario y protección a los hogares más vulnerables”.
La congresista destacó cuatro componentes de la propuesta: la reducción de los contratos de prestación de servicios, el ajuste salarial previsto para 2028, el ahorro fiscal proyectado y la disminución de la tarifa de renta corporativa.
El representante Christian Garcés también expresó su respaldo. Tras la presentación del proyecto, aseguró que su bancada apoya “la reducción del gasto ineficiente, las facultades al presidente para suprimir, fusionar o escindir ministerios y entidades, la reducción de la tarifa del impuesto de renta a las sociedades y los artículos que beneficien la reactivación económica de los territorios”. Además, afirmó que las medidas buscan “proteger el empleo y garantizar la productividad”.
En la misma línea, el senador Óscar Leonardo Villamizar Meneses, del Centro Democrático e integrante de la Comisión Quinta, recordó que su bancada había planteado durante la discusión del Presupuesto General de la Nación la necesidad de fusionar y eliminar entidades para reducir el tamaño del Estado.
“Nos alegra que la Ley de Ajuste Fiscal contemple ahora esas facultades. ¡La única forma de salir de esta crisis es apretándonos el cinturón!”, escribió el legislador, quien acompañó su publicación con el artículo 7 del proyecto, relacionado con las facultades de reorganización y eficiencia administrativa.
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien ocupó ese cargo entre 2012 y 2018, también respaldó la iniciativa y la calificó como “un paso necesario para enfrentar la crisis de las finanzas públicas”. Destacó la propuesta de reducir 40 billones de pesos en gasto público y aumentar el recaudo, medidas que, en su opinión, contribuirían a recuperar la sostenibilidad fiscal. El también precandidato presidencial manifestó su satisfacción por la decisión del Ejecutivo.
Por su parte, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, adoptó una posición más cautelosa. Aseguró que desde su cargo “garantizará un debate amplio, plural y con plenas garantías para todos los sectores” durante el trámite legislativo.
Aunque consideró necesario reducir el tamaño del Estado para mejorar su eficiencia, advirtió que el ajuste no debería traducirse en nuevos impuestos para los ciudadanos.
Una postura similar expresó la senadora Claudia Margarita Zuleta Murgas, también del Centro Democrático. La congresista respaldó la idea de construir un Estado “más austero, más pequeño y más eficiente”, pero pidió prestar atención a las disposiciones que podrían afectar los ingresos de los sectores más vulnerables.
Zuleta manifestó su rechazo a las medidas que, según señaló, incrementarían los costos de formalización laboral o establecerían mayores deducciones para trabajadores independientes de bajos ingresos.
“No carguemos a los colombianos con más impuestos, no quitemos la excepción del IVA a productos de la canasta familiar”, escribió.
La senadora también citó cifras de Fenalco, según las cuales el 64 % de las empresas consultadas reportó haber reducido su personal ante el incremento de los costos laborales. Como alternativa, propuso debatir la eliminación del límite de cotización en salud, actualmente fijado en 25 salarios mínimos, en lugar de modificar el piso salarial contemplado en el articulado.
Críticas desde la oposición
Las primeras críticas también llegaron desde sectores de oposición. El concejal Oscar Benavides cuestionó los objetivos de la propuesta y sostuvo que el proyecto “únicamente busca rescatar los privilegios de los amigos ricos de Abelardo de la Espriella”. Además, lo calificó como “una reforma tributaria disfrazada”.
El cabildante anticipó que su sector se opondría a las medidas tanto en el Congreso como en las calles, con el argumento de defender los ingresos de los ciudadanos frente a lo que denominó una “arremetida económica”.
Por otro lado, la concejal de Bogotá Heidy Sánchez Barreto concentró sus cuestionamientos en el cobro del IVA a las compras realizadas a través de plataformas internacionales como Temu, Shein y Amazon, sin importar el valor de las transacciones.
Según explicó, durante el gobierno de Gustavo Petro se intentaron implementar medidas similares mediante dos leyes de financiamiento y un decreto que posteriormente fue rechazado por la Corte Constitucional. Sánchez Barreto advirtió que, aunque la disposición pretende proteger a la industria nacional de confecciones frente a la competencia internacional, el ajuste fiscal anunciado por 13,8 billones de pesos mantendría impuestos al consumo que considera regresivos, mientras los sectores de mayores ingresos recibirían beneficios tributarios.
La representante Isabel Vera, del Pacto Histórico, dirigió sus críticas al artículo 7 del proyecto, al que calificó como un “mico autoritario”.
De acuerdo con su interpretación, la disposición otorgaría facultades extraordinarias al Gobierno para crear, fusionar o suprimir ministerios y entidades públicas, lo que, a su juicio, permitiría intervenir en competencias que corresponden al Congreso, de acuerdo con los artículos 150.7 y 150.10 de la Constitución.
“Con el cuento de la eficiencia, lo que realmente buscan es poder absoluto para desmantelar las instituciones que garantizan los derechos sociales de la gente”, afirmó la congresista, quien cuestionó que algunos legisladores estuvieran dispuestos a respaldar esa disposición.
Otro de los puntos controvertidos fue el artículo 96. El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, advirtió que la disposición podría permitir la eliminación de los concursos anuales de ingreso a la entidad, establecidos en el Decreto Ley 927 de 2023, y abrir la posibilidad de regresar a un sistema de nombramientos directos.
Reyes, quien estuvo al frente de la Dian entre agosto de 2022 y junio de 2024, señaló que el artículo concedería al presidente facultades extraordinarias durante seis meses para modificar el sistema específico de carrera administrativa de la entidad.
Los primeros análisis del proyecto
En medio de las reacciones políticas, el representante Carlos Meisel presentó una primera lectura técnica del articulado. Según explicó, la propuesta está organizada en 11 temas generales relacionados con gastos, 13 apartados sobre impuestos y seis disposiciones de carácter administrativo sin impacto fiscal directo.
“Mañana estoy listo para empezar a debatir el tema. Se viene una noche de estudio”, escribió el congresista, quien anunció que dedicaría la jornada siguiente a revisar detalladamente el documento antes de su discusión legislativa.
Uno de los análisis sectoriales más amplios fue presentado por Andrés Valencia, exministro de Agricultura durante el gobierno de Iván Duque. El exfuncionario advirtió que, de aprobarse sin modificaciones, el proyecto podría incrementar los costos de producción del agro colombiano y generar dificultades para el desarrollo económico de la altillanura.
Según su interpretación, la eliminación de la tarifa diferencial del 5 % llevaría a que insumos como fertilizantes, plaguicidas, semillas, maquinaria, sistemas de riego y alimentos balanceados pasaran a estar gravados con la tarifa general del 19 % desde el 1 de enero de 2028.
Valencia señaló que este cambio podría encarecer la producción de bienes que permanezcan en el régimen de excluidos, debido a que sus productores no tendrían la posibilidad de recuperar el IVA pagado por los insumos adquiridos.
También advirtió que productos frescos de la canasta agrícola, entre ellos hortalizas, frutas, granos, legumbres, café, cacao y animales vivos, pasarían a estar gravados con una tarifa del 19 % a partir de 2028. A su juicio, esta modificación podría generar presiones inflacionarias, especialmente por la estacionalidad de las cosechas y las variaciones que estos productos representan en el índice de precios al consumidor.
El exministro agregó que los productores necesitarían una mayor disponibilidad de recursos para cubrir el incremento de los costos de producción. Asimismo, alertó sobre posibles efectos en otras actividades de la cadena agropecuaria.
Entre los ejemplos mencionó el concentrado utilizado en la avicultura y la porcicultura, cuya tarifa pasaría del 5 % al 19 %. Aunque el impuesto sería recuperable, consideró que el cambio generaría mayores presiones de liquidez. También señaló que el encarecimiento del seguro agropecuario podría desincentivar su contratación, pese a los subsidios existentes.
A estos efectos sumó el aumento de los costos de servicios como la asistencia técnica y la fumigación. Según su análisis, el encarecimiento de estos componentes podría incentivar la informalidad y el contrabando de insumos agrícolas.
Finalmente, Valencia cuestionó el alcance del mecanismo de devolución EfectIVA, pues considera que compensaría a los hogares de menores ingresos en su condición de consumidores, pero no atendería directamente los mayores costos que enfrentarían los productores del sector agropecuario.
El trámite legislativo de la Ley de Rescate Económico apenas comienza. Las distintas bancadas anticipan una discusión centrada en el alcance de los recortes presupuestales, los cambios tributarios, las facultades extraordinarias del Ejecutivo y los posibles efectos sobre sectores como el agro. También estarán en el centro del debate las medidas de protección social y los mecanismos propuestos para aliviar la carga fiscal de los hogares de menores ingresos.
Escrito por: Diego Coronado
