La licencia ambiental del relleno sanitario Palangana, donde se depositan los residuos de Santa Marta, venció en mayo de 2026 y actualmente está en evaluación para su modificación. La situación fue abordada durante un debate de control político convocado por la Comisión Quinta del Senado de la República.
La sesión fue citada por la senadora Patricia Caicedo, del Pacto Histórico, con el propósito de conocer las medidas del Gobierno Nacional y de las autoridades ambientales y de servicios públicos frente a las consecuencias ambientales y sanitarias del manejo de residuos en la ciudad. Durante el debate, la congresista señaló que Santa Marta registra 135 puntos críticos de acumulación de basuras y genera cerca de 600 toneladas de residuos al día.
Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos informó que ha impuesto multas superiores a los 1.600 millones de pesos a la empresa encargada de prestar el servicio. También indicó que actualmente operan 434 contenedores, frente a los 509 requeridos, y que el contrato de concesión finalizará en marzo de 2027. Corpamag, a su vez, anunció que espera tomar en los próximos días una decisión definitiva sobre la modificación de la licencia ambiental del relleno.
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, sostuvo que “el poder político debe traducirse en compromisos verificables”. Además, explicó que su cartera trabaja junto con el Ministerio de Vivienda en la elaboración de los términos de referencia para impulsar la transformación de los rellenos sanitarios en parques tecnológicos ambientales.
Entretanto, la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Mónica Saldarriaga, señaló que el Gobierno analiza la legalidad del nuevo marco tarifario del servicio de aseo y la posibilidad de una revocatoria directa.
Durante la discusión, los senadores Kevin Gómez, Yainis Contreras y Óscar Villamizar destacaron la necesidad de establecer un plan de contingencia ante la finalización del contrato de concesión, determinar la vida útil del relleno Palangana e identificar fuentes de financiación para los parques tecnológicos ambientales, que requieren inversiones de gran magnitud. También participaron organizaciones de recicladores y líderes comunales.
Al finalizar la sesión, la Comisión aprobó proposiciones para ampliar el debate sobre minería ilegal y orden público a los departamentos de Antioquia y Santander, convocar una discusión sobre Ecopetrol y realizar una audiencia pública en Puerto Wilches sobre el fracking.
Escrito por: Diego Coronado
