La orden de acelerar las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en plena campaña electoral y a pocos meses de terminar el mandato de Gustavo Petro despertó cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones del Gobierno, pues busca concentrar integrantes de grupos armados sin contar aún con un marco legal para su desmovilización.
La polémica surgió tras una reunión realizada el pasado 13 de mayo entre el presidente, el comisionado de Paz, Otty Patiño, y los coordinadores de las mesas de “paz total”, donde se ordenó avanzar rápidamente en el traslado de integrantes de grupos ilegales a cinco ZUT en territorios priorizados.
La primera zona concentrará a 100 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), disidencia de la Segunda Marquetalia liderada por alias “Wálter Mendoza”, en zona rural de Valle del Guamuez, Putumayo.
Según Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, las adecuaciones serán similares a los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) creados tras el Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc. Allí los combatientes ingresarán vestidos de civil y entregarán sus armas a organismos de verificación.
El Gobierno también proyecta implementar ZUT con el Clan del Golfo en Tierralta y Nuevo Belén de Bajirá, donde inicialmente serían concentrados 500 integrantes como parte de un programa piloto de tránsito hacia la legalidad.
Sin embargo, la Fiscalía negó la suspensión de órdenes de captura para varios miembros del Clan del Golfo, argumentando falta de información y compromisos internacionales, decisión respaldada por la Corte Suprema.
La implementación de estas zonas revive el recuerdo de la antigua zona de distensión del Caguán y ha generado dudas entre analistas y expertos, quienes cuestionan el momento político en el que se impulsa la estrategia y advierten sobre posibles efectos electorales y presiones al próximo gobierno.
