De los 1.123 municipios de Colombia, al menos 521 (el 46,3 por ciento) están expuestos a vulneraciones de derechos humanos en el periodo electoral. Así lo dio a conocer este jueves la Defensoría del Pueblo, que presentó un informe de seguimiento a los riesgos que existen en estas poblaciones, sobre todo por cuenta de la presencia de actores armados ilegales.
La situación de riesgo extremo se registra en 84 municipios de 14 departamentos: Cauca (16), Nariño (14), Chocó (9), Norte de Santander (8) y Antioquia (7). Les siguen Bolívar (6), Caquetá (6), Arauca (4), Tolima (4), Putumayo (3), Valle del Cauca (3), Huila (2), Meta (1) y Magdalena (1). Además, hay 206 municipios con riesgo alto de vulneraciones.
“El Estado debe implementar más mecanismos de investigación y verificación por las denuncias relacionadas con delitos electorales y amenazas contra candidatos o sus campañas. También debe brindar la protección para que las personas puedan votar en zonas rurales y sobre todo garantizar la libre participación”, puntualizó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante la presentación del informe en Chocó, en máxima alerta por las confrontaciones entre el Eln y el ‘clan del Golfo’, que mantiene a algunas poblaciones confinadas.
De hecho, el documento señala que los paros armados protagonizados por esos dos grupos fueron las causas principales de la exacerbación del escenario de riesgo en los últimos meses.
A eso se suma el incremento en los homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales, que marcó un 46 por ciento de aumento al pasar de 48 asesinatos en el primer trimestre del 2021 a 70 en el mismo periodo de este año. Esos homicidios, dice la Defensoría, ocurrieron en 50 municipios, el 90 por ciento de los cuales tenían alertas previas.
Esos factores incidieron en que entre febrero y mayo se pasó de 79 a 84 municipios en riesgo extremo y de 195 a 206 municipios con riesgo alto de vulneraciones a los derechos de los ciudadanos.
Desde el Gobierno Nacional han señalado que se han robustecido las medidas de seguridad tanto para candidatos como para las poblaciones en mayor riesgo.
“Tendremos un despliegue de más de 210.000 hombres de las Fuerzas Militares y más de 95.000 policías que garantizarán la seguridad no solamente el día de las elecciones, sino antes de las elecciones, durante y luego de cerradas las urnas”, señaló esta semana el ministro del Interior, Daniel Palacios.
El jefe de la cartera de Defensa, Diego Molano, dijo que para esta última etapa se fijaron tareas como “la protección de todos los candidatos de modo que puedan desarrollar su campaña en todos los rincones del país”.
Otra de las advertencias de la Defensoría es que las acciones generadas por grupos ilegales en los comicios legislativos de marzo influyeron en el abstencionismo (solo 18 millones de los 38 millones de ciudadanos habilitados para votar –el 45 por ciento del censo electoral– salieron a las urnas).
Al respecto, Molano, al poner en marcha el plan democracia, aseguró que se garantizará el desarrollo de las elecciones con pie de fuerza para proteger las vías y la infraestructura y prevenir ciberataques. “Está desplegada toda nuestra Fuerza Pública para proteger las elecciones y garantizar el voto de los colombianos de forma libre y por supuesto con el fin de que se respeten los resultados de las elecciones”, dijo Molano.
Entre las recomendaciones de la Defensoría también está adoptar “estrategias contundentes de inteligencia que permitan garantizar las condiciones de seguridad para la participación en las elecciones”.
Las amenazas
La Defensoría encontró cuatro factores principales que incrementan el riesgo en las regiones: la continuidad del conflicto armado interno y otras violencias conexas, con una fuerte influencia del narcotráfico; el control social y territorial de grupos armados ilegales que tienen como propósito principal el desarrollo de economías ilegales; las disputas entre diversos grupos ilegales por el control territorial y corredores de movilidad; y las amenazas a líderes sociales o candidatos.
Una de las mayores preocupaciones tiene que ver con la presencia o tránsito de los grupos armados por los municipios afectados. El informe advierte que en 253 municipios están las AGC (‘clan del Golfo’); en 230, las disidencias de las Farc; en 189 poblaciones, el Eln; en 90 están grupos armados pos-Auc (como los ‘Pachenca’ o ‘Virgilio Peralta Arenas’), y el Epl en 9 municipios.
Tomado de elTiempo
